El 2018 constituyó un año de fuertes avances en la organización del movimiento feminista: mayor visibilización, reivindicaciones y demandas propias del colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Sin embargo, las desigualdades económicas siguen siendo un eje estructural de reproducción de las desigualdades de género en general. Es por ello que constituyen una de las grandes motivaciones que nos llevan a movilizarnos el próximo 8M de 2019, en el paro internacional de mujeres. El presente informe se propone sistematizar y actualizar a partir de las nuevas mediciones 2018 las principales desigualdades de género en la economía argentina a la luz de las transformaciones en la etapa reciente, proponiendo al mismo tiempo una agenda de políticas públicas. Este trabajo opera como continuidad del trabajo presentado un año atrás por el Observatorio de Género de CEPA: “Más precarizadas y con menores ingresos: la situación económica de las mujeres argentinas” (1).

La industria automotriz es uno de los eslabonamientos industriales más importantes del país, tanto por el tamaño de sus empresas como su impacto internamente y de fuerte influencia en el sector externo. Además del peso específico del sector, el Gobierno Nacional anunció el “Plan 1 millón” que tenía como objetivo la producción de 750.000 autos en 2019 y llegar a 1.000.000 en 2023. Al mismo tiempo, se propuso crear 30.000 puestos de trabajo para ese mismo año.

Las discusiones acerca de la paritaria docente han tenido desde 2017 una relevancia particular dada la decisión del Gobierno Nacional de evitar primero y suspender después por decreto la paritaria docente extendida para todo el país, apuntando a una descentralización de la misma y esquivando de esa forma la instalación de un número salarial acordado que opere como referencia en paritarias posteriores. A la vez, este año el Gobierno pretende, como sucedió en 2016 y como objetivo de mínima, acordar un monto salarial que compense la evolución de la inflación del presente año pero que consolide la caída del salario real del 2018 y, como objetivo de máxima, la posibilidad de un recorte en términos salariales en línea con la promesa de reducir el déficit fiscal.

CEPA ofrece este informe sobre la evolución de precios de la canasta escolar a febrero de 2019.

Los episodios de volatilidad cambiaria experimentados en 2018 reconfiguraron el esquema de política monetaria. Si bien las tasas de interés previo al primer episodio en el mes de mayo distaban mucho de reflejar la velocidad de baja que mostraban los relevamientos de expectativas de mercado, podemos decir que se sostenían en niveles promedio estables, y que tras la adopción del régimen de agregados monetarios prácticamente se duplicarían. Tal es el caso de la tasa de política monetaria y la tasa BADLAR, que en promedio se ubicaban a mayo en 31% y 23%, para luego cerrar el año en torno al 50% y 60%, respectivamente. Todo esto en línea con un salto en el tipo de cambio de 100% en términos interanuales (1).

A partir de 2016, las tarifas de electricidad, gas y transporte aumentaron significativamente en todo el país. En el caso de la electricidad, luego de sucesivos incrementos, un hogar de CABA que, por ejemplo, contaba con 1 televisor LED 24'' (4 hs. diarias, todos los días), 1 heladera con freezer (24 hs. diarias, todos los días), 6 lámparas de bajo consumo (6 hs. diarias todos los días), 1 lavarropas automático de 5 kg (1 hora diaria todos los días), 1 notebook (4 hs. diarias, todos los días) y 1 aire split frío/calor (4 hs. diarias, 15 días de uso al mes), pagaba $52 en diciembre de 2015 por un consumo de 275 Kwh mensuales y pagó $957 en febrero de 2019. Dado que el sendero de aumentos incluye incrementos adicionales en mayo y agosto de este año, este consumo equivaldrá a una factura de $1189 para agosto de 2019, en lo que se plantea como el último incremento de electricidad de la gestión actual de Cambiemos. En definitiva, el costo de la electricidad de un hogar representativo habrá incrementado 3316% entre diciembre de 2015 y agosto de 2019.

Tarifas, Precios, Transporte, Salario mínimo

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El caso del proceso preventivo de crisis de Coca Cola instaló en la agenda un tema central sobre la continuidad del aparato productivo argentino: la enorme cantidad de empresas que ingresan en procesos preventivos de crisis, concursos preventivos y quiebras. En las últimas semanas se conocieron los casos del proceso preventivo de FATE perteneciente al grupo Aluar (familia de Madanes Quintanilla), Editorial Atlántida y la aerolínea low cost Avianca, la cual entró tanto en proceso preventivo de crisis como en concurso de acreedores en 2019. También se destaca el concurso de la empresa de transportes ERSA. Un caso de enorme resonancia en 2018 había sido el ingreso a proceso preventivo de crisis de la cadena de supermercados francesa Carrefour, que originalmente se dio a conocer en abril de 2018 (incluso antes de la debacle económica marcada por la suba del dólar) y tiene enorme relevancia tanto por el tamaño de la cadena, como por la caída de ventas en supermercados que se publicó en noviembre (retroceso del 12% interanual). Por otro lado, el café porteño y librería Clásica y Moderna fue otro caso de comercio que entra en crisis y fue desalojado por no pagar el alquiler, lo que abrió el debate público sobre la inviabilidad de una enorme cantidad de comercios en la capital y la zona metropolitana. Se estima que sólo en enero cerraron 2536 comercios en la zona metropolitana (82 por día) (1).

Para el año 2019 las proyecciones (INDEC) (1) indican que 6.983.377 habitantes de nuestro país son personas de 60 años y más (15,5%), siendo 43% varones y 57% mujeres.  Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores afecta a buena parte de nuestra sociedad de manera directa y al resto, indirectamente.

Las discusiones acerca de la paritaria docente han tenido desde 2017 una relevancia particular dada la decisión del Gobierno Nacional de evitar primero y suspender después por decreto la paritaria docente extendida para todo el país, apuntando a una descentralización de la misma y esquivando de esa forma la instalación de un número salarial acordado que opere como referencia en paritarias posteriores. A la vez, este año el Gobierno pretende, como sucedió en 2016 y como objetivo de mínima, acordar un monto salarial que compense la evolución de la inflación del presente año pero que consolide la caída del salario real del 2018 y, como objetivo de máxima, la posibilidad de un recorte en términos salariales en línea con la promesa de reducir el déficit fiscal.