La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. De hecho, el impacto, por ejemplo, de la pandemia tuvo un efecto sensible sobre el erario público, tanto por la reducción y postergación de vencimientos, como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de los mismos.

Los ingresos provinciales provienen básicamente de dos fuentes: recursos propios (Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Automotor y Sellos) y recursos tributarios de origen nacional (RON), principalmente por transferencias de Coparticipación Federal. Al analizar el caso específico de la Ciudad, se observa que es el distrito con mayor proporción de recursos propios. En efecto, para 2021, la Coparticipación explica solamente el 8,7% de la masa de recursos de la Ciudad, y el resto de recursos de origen nacional, otro 3,5%. Es decir, casi el 88% de los recursos totales de la Ciudad corresponden a recaudación propias, siendo inversa dicha relación en casi todos los distritos. Por ello, en este informe se analizará tanto la evolución real de los ingresos por coparticipación, como los recursos propios.

En el Boletín Oficial de hoy, 23 de septiembre, el gobierno habilita por DNU (846/2024) a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso. ¿Cómo? Eliminan el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (LAF), es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo (la interpretación de dicho articulo es la mejora de 2 de 3 condiciones). Ponen como único criterio que al gobierno le tomen a precio de mercado los bonos a canjear, lo cual es muy laxo.

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis de la evolución de la cantidad de trabajadores/as y de empleadores desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023 hasta junio de 2024, considerando los datos disponibles a la fecha de publicación de este informe[1]. Se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) referida a la Seguridad Social.

El informe se divide en dos partes. En el primer apartado se indaga acerca de la evolución de la cantidad de empresas entre noviembre de 2023 y junio de 2024 de la base de la SRT y la cantidad de trabajadores/as, en el mismo período. La segunda parte aborda la evolución de la cantidad de empleados/as por tamaño de empresa entre el dato inicial de noviembre de 2023  y junio de 2024.

1- Con un fuerte ajuste del gasto, el gobierno recupera el sendero del superávit financiero

En agosto, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $899.660 millones. No obstante, tras afrontar pagos de intereses de deuda por $896.130 millones, el resultado financiero fue apenas superavitario, con un saldo de $3.531 millones. Cabe destacar que este resultado no incluye los intereses correspondientes a las LEFI y LECAPS, lo que constituye un ajuste contable significativo. De haberse contabilizado, el resultado financiero de agosto habría sido deficitario por $1,4 billones.

1- La “Regla Fiscal” y las implicancias

El proyecto de ley de presupuesto 2025 contiene disposiciones que precisan y amplifican lo anunciado por el Presidente el día domingo 15 de septiembre.

En primer lugar, los artículos 1 y 70 establecen la “regla fiscal”. Es una reedición de la regla de “déficit cero” de la ley 25.453 del año 2001. Aquella norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2002 (fallo “Tobar”). La Corte Suprema consideró que implicaba un exceso de discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo y que no cumplía con los términos propios de una medida de emergencia, en tanto no contenía una pauta temporal concreta de vigencia.

El presente informe analiza el comportamiento del mercado de trabajo, a través del abordaje de indicadores de actividad, empleo y desocupación, así como también de población subocupada. Se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), analizando las tasas básicas del mercado laboral comparativamente con idénticos trimestres de años anteriores (comparación interanual).

El objeto del presente informe es realizar un seguimiento de los principales precios de las hortalizas y frutas en el mes de agosto de 2024 y abordar analíticamente las razones de sus variaciones en la actual coyuntura.

Las hortalizas y las frutas representan buena parte del consumo de la canasta de las y los argentinos. La incidencia de las primeras en el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) alcanza el 2,2% en la región Gran Buenos Aires y alcanza hasta 3,6% en las regiones noreste y noroeste del país. Por su parte, la incidencia de las frutas es de 1,3% en la región Gran Buenos Aires y 1,5% en el noreste y noroeste del país.

El presente informe analiza la cantidad de personas con trabajo registrado en junio 2024 y su evolución desde el año 2012.

Para su realización, se utilizó una metodología cuantitativa, en base a la información publicada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación vinculada a las bases del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en su serie desestacionalizada[1] (ya que esto permite la comparación entre meses no equivalentes).

La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. De hecho, el impacto, por ejemplo, de la pandemia hace un par de años atrás, tuvo un efecto sensible sobre el erario público, tanto por la reducción y postergación de vencimientos, como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de los mismos. Con la recuperación de la actividad, el panorama cambió y los recursos recaudados experimentaron crecimientos interanuales. En la actualidad, la tendencia volvió a revertirse, con importantes caídas.

El presente informe tiene por objetivo analizar la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) y de sus distintas jurisdicciones, organismos y programas en los primeros ocho meses de 2024.