Juntos por el Cambio insiste con la idea de privatización de las empresas públicas. No es algo nuevo. La defensa de las privatizaciones, durante su gobierno, fue de la mano del cuestionamiento del déficit de las empresas públicas, lo que les permitió llevar adelante una reducción arbitraria de transferencias, despidos masivos, retiros voluntarios y la no renovación de contratos, entre otras maniobras.
La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada por la pandemia de COVID-19, tanto por la reducción y postergación de vencimientos, como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de los mismos. Con la recuperación de la actividad, el panorama cambió y los recursos recaudados experimentaron crecimientos interanuales.
La tasa de incidencia de pobreza cuantifica la cantidad de personas que vive en hogares que no tienen ingresos suficientes para cubrir el costo de una Canasta Básica Total, la cual se componen de alimentos y otros bienes y servicios básicos. Durante el segundo semestre de 2022, la población que vivió en la pobreza llegó a 39,2%, un incremento respecto al primer semestre de 2022 y segundo semestre de 2021, donde había alcanzado 36,5% y 37,3% respectivamente (la comparación con el primer semestre de 2021 es sólo a modo de referencia porque metodológicamente corresponde comparar con semestres equivalentes). En el caso de la indigencia, el dato actual implicó un valor similar al del segundo semestre de 2021 (8,2%) e inferior al 8,8% del primer semestre de 2022.
En el segundo mes de 2023, el resultado fiscal del Sector Público Nacional de base caja mostró, por segundo mes, un nivel de déficit superior al esperado y fue de ARS 228 mil millones (según la metodología FMI). Esto se explica, en parte, por una caída lenta del gasto junto a la continuidad del proceso de retroceso en la deuda flotante y, en parte, por una nueva aceleración en la caída real de los ingresos. En números: el gasto totalizó ARS 1,8 billones (+95%), lo que equivale a una caída real del 3,7%, mientras que los ingresos alcanzaron ARS 1,6 billones (+86%) retrocediendo en términos reales 8,3%.
Este informe tiene el propósito de analizar la evolución del precio de la carne vacuna e indagar las razones de su comportamiento. Para ello, desde el Observatorio de Precios del CEPA se realiza el presenta análisis del rubro carne vacuna (1), correspondiente al mes de febrero de 2023.Como se ha señalado en informes precedentes, este rubro representa buena parte de los consumos de las y los argentinos, dado que el consumo de carne representa, en la conformación del índice de precios al consumidor (IPC) entre 7% (GBA) y 13,3% (noreste) del total.
El presente informe analiza la cantidad de personas trabajadoras registradas en el sector privado en diciembre 2022 y su evolución desde la aparición del COVID-19.
En los últimos años el feminismo ha logrado transformaciones progresivas en el debate social y político argentino, así como en distintos niveles de gestión en los órdenes nacional, subnacional y municipal. Al mismo tiempo, han quedado al descubierto las enormes limitaciones que existen para avanzar verdaderamente en una sociedad más justa en clave de género, como la persistencia de núcleos de resistencia patriarcal muy difíciles de transformar, que miran hacia un costado a la hora de incorporar la perspectiva de género. Diferentes fallos e intervenciones del Poder Judicial han operado en una serie de oportunidades como un límite concreto al avance en materia de derechos para mujeres y diversidades.
Desde el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) venimos contribuyendo a la discusión pública incorporando la perspectiva de género a nuestros análisis económicos. Porque sabemos que así como la caída de la actividad empeora de manera diferencial la calidad de vida de mujeres y diversidades, también sabemos que no alcanza con la recuperación económica para garantizar que nos llegue a todxs.
La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada por la pandemia de COVID-19, tanto por la reducción y postergación de vencimientos, como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de los mismos. Con la recuperación de la actividad, el panorama cambió y los recursos recaudados experimentaron crecimientos interanuales.
El esquema actual para acceder a la moratoria previsional, que tiene vigencia desde 2014, finalizó el 23 de julio pasado. El presidente Alberto Fernández anunció su prórroga, tomando la “decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley” (1). Actualmente en el Congreso de la Nación hay un proyecto para ampliar la moratoria previsional que cuenta con media sanción en el Senado y que debe tratar en Diputados (2).